A través de la publicación de un decreto presidencial, las autoridades federales en México determinaron una prohibición integral referente a la operación de máquinas tragamonedas dentro de los casinos físicos y centros de apuestas autorizados en el territorio nacional. La disposición, impulsada desde la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, introduce una reforma sustancial al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos con el objetivo primordial de erradicar aquellas dinámicas de sorteos de números o símbolos ejecutadas mediante terminales automatizadas.
La entrada en vigor de esta determinación regulatoria quedó fijada para el 17 de noviembre de 2023, marcando una pauta estricta que impide de forma terminante la concesión de nuevas licencias para abrir locales que contemplen el uso de estos aparatos. Conforme a las directrices estipuladas por la Secretaría de Gobernación y los organismos reguladores correspondientes, el documento oficial estipula con claridad qué tipo de mecanismos caen bajo este criterio de exclusión total.
Definición formal de los artefactos restringidos
El marco normativo delineado en el texto especifica conceptualmente el alcance de la restricción. De esta manera, se clasifica como máquina tragamonedas a cualquier aparato o sistema mediante el cual los usuarios participan realizando apuestas, ya sea a través de dinero en efectivo o con cualquier otro instrumento de cobro o pago, persiguiendo la obtención de una recompensa monetaria o premio material.
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Bajo dicha conceptualización, se instruye expresamente a las instancias competentes a no otorgar autorizaciones adicionales para negocios que operen en esquemas distintos a los explícitamente autorizados por las reglas vigentes. Aquellos interesados en consultar análisis pormenorizados sobre las dinámicas del juego con apuesta en el país pueden revisar más información en torno a este escenario normativo y sus implicaciones para permisionarios y usuarios.
Situación jurídica de las licencias previas y plazos de transición
Frente a la aplicación del veto, surgió la interrogante sobre el estatus de las empresas y operadores que habían gestionado trámites de operación con anterioridad a la promulgación del mandato. La disposición jurídica aclara que aquellos permisionarios que posean un permiso con vigencia legal y cuenten con instalaciones en funcionamiento mantendrán vigentes sus condiciones operativas, respetándose los derechos adquiridos únicamente por el lapso que ampare el documento original.
No obstante, la regulación establece un límite estricto para evitar la permanencia indefinida de estos dispositivos electrónicos. En caso de que las autorizaciones previas presenten periodos que superen los márgenes habituales, se aplicará un periodo máximo de 15 años, el cual comenzó a contabilizarse a partir del instante de la publicación oficial del decreto. Una vez cumplido dicho intervalo, ninguna sala podrá continuar explotando estas terminales bajo ninguna circunstancia.
Vigencia aplicable a otros recintos de apuestas
La reforma reglamentaria no solo abordó el destino de las terminales electrónicas, sino que también estructuró los tiempos formales permitidos para el cruce de jugadas en diversos complejos de entretenimiento. En este renglón, los permisos asignados a instalaciones tradicionales experimentan las siguientes condiciones de duración:
- Espacios destinados a carreras hípicas (hipódromos).
- Canchas y frontones profesionales.
- Pistas especializadas en pruebas de galgos (galgódromos).
- Centros de apuestas remotas y recintos vinculados legalmente.
Para todos estos establecimientos comerciales, los permisos otorgados contarán con una validez temporal fijada en un rango que parte de un mínimo de un año hasta un máximo estricto de 15 años, evitando acuerdos indeterminados que impidan la fiscalización periódica del Estado.
Argumentos de la autoridad sobre la ordenanza legal
Desde la perspectiva sostenida por la Dirección General de Juegos y Sorteos, el endurecimiento de los marcos legales obedece a razones de orden público y salud social. La dependencia ha señalado de forma reiterada que las tragamonedas constituyen un factor de riesgo directo respecto a la corrupción de menores de edad, puntualizando que su mecánica tiende a fomentar conductas adictivas en lugar de constituir una simple alternativa de esparcimiento lúdico, abriendo con ello problemáticas vinculadas a la ilegalidad.
En lo que compete a los casinos, la supresión de estos sorteos mecanizados responde a la necesidad de homologar y hacer cumplir cabalmente la Ley Federal de Juegos y Sorteos en materia de inspección, control administrativo y vigilancia continua sobre cualquier actividad donde medien apuestas. Dentro de estas limitaciones gubernamentales, la única modalidad tradicional exceptuada en las regulaciones generales de sorteos sigue siendo la que opera de manera histórica la Lotería Nacional, quedando el resto de las modalidades de símbolos o números en terminales sujetas a una progresiva extinción en los esquemas operativos de todo el país.

